Desarrollo, Emprendimiento y Competitividad

  Anualmente, los trabajadores emprenden la lucha por el incremento salarial luego de una gestión continua de trabajo y como parte de un derecho laboral adquirido. Desde luego, ellos esperan que un incremento porcentual en sus salarios permita cubrir los efectos no deseados de la inflación y un margen de ahorro suficiente para guardar debajo del colchón.   Sin embargo, en los hechos, la determinación de la subida salarial se inserta en una rara combinación de ojímetro político pues, responde más a posibles réditos que un gobierno de turno pretende acumular en medio de consignas de desmontaje de la explotación de los asalariados, asignando unilateralmente notables incrementos que, al final del día o del año, no cuentan con un asidero técnico responsable.   La evidencia de los últimos años muestra la inexistencia de negociación salarial y el desdeño de utilización de parámetros técnicos para la determinación del incremento. Inclusive, subidas hasta dos o tres veces superiores al nive

 La noticia de una pandemia originada por el coronavirus Covid-19 llegó a Bolivia en febrero de 2020 y por el resto del año generó un contagio acumulado de 144,708 personas y causó la pérdida de 8,957 vidas hasta el 30 de noviembre 2020, en su primera ola. La línea amarilla punteada en el gráfico muestra la primera ola de contagios mensuales confirmados, llegando a su máximo entre los meses de julio y agosto. Las decisiones gubernamentales nacionales y subnacionales, las decisiones de la sociedad civil hasta las decisiones de las familias y las personas, todos sujetos a sus propias restricciones, buscaron en un principio protegerse para evitar contagios y pérdida de vida. Sin embargo, las mismas tuvieron un efecto secundario predecible pero inevitable; la disminución de la actividad económica. Por ello, las decisiones posteriores del gobierno, la sociedad civil organizada, las familias y las personas individuales, fue más bien la de buscar cada uno su mejor equilibrio entre salud y tra